El estado colombiano reconoció este martes su responsabilidad en el asesinato del líder del movimiento guerrillero M-19, Carlos Pizarro Leongómez, quien fue candidato presidencial del país después de la desarticulación del grupo armado.

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Ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Estado se responsabilizó del hecho, mientras tanto el director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje) de Colombia, César Palomino Cortés, manifestó ante la CIDH: que está “probado que en la ejecución extrajudicial de Pizarro Leongómez están involucrados no solo grupos paramilitares, sino también agentes del Estado; particularmente, miembros del extinto Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, que entre otras cosas eran responsables de su seguridad”.

Por su parte, la senadora colombiana por el Pacto Histórico e hija de Carlos, María José Pizarro, subrayó los “34 años buscando verdad y justicia, viviendo la opresión y estigmatización; recopilando piezas, testimonios y entrevistas, que le permitieran a las autoridades avanzar en un caso que han querido dejar en la impunidad”.

“Hoy el Estado de Colombia reconoció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) su responsabilidad internacional por el asesinato de mi padre, firmante de paz y candidato presidencial Carlos Pizarro Leongómez, por las vulneraciones a los DDHH ocasionadas las hijas, hijo y demás familiares; a nuestro derecho a la identidad y protección en tiempos de guerra, así como el derecho a la paz y a la democracia en Colombia”, subrayó María José Pizarro.

Asimismo, la política insistió en que a su padre “no lo mató la guerra ni su pasado, lo mató el futuro y la decisión de apostarle a una candidatura presidencial, tras firmar la paz”.

«Esta es una importante noticia para el país», recalcó.

En este sentido, la Comisión refirió que escuchó las declaraciones de María José Pizarro y de la excompañera de Carlos Pizarro, Laura García, al igual que los alegatos de las partes, al tiempo que saludó el reconocimiento de responsabilidad internacional por parte del Estado y su disposición para concertar medidas de reparación.

Palomino Cortés, durante la audiencia, reconoció la falta de garantías jurídicas. El proceso para dar con los responsables del asesinato sufrió dilaciones que afectaron “el derecho a la verdad de los familiares del señor Pizarro”, indicó.

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